La Consulta Popular Nacional, programada para el 8 de marzo, se perfila como un ejercicio que trasciende la democracia representativa tradicional para adentrarse en la ejecución directa de la soberanía. Diversos actores políticos y sociales coinciden en calificar este evento como un hecho profundamente democrático, al otorgar a las comunidades el poder de decisión sobre el destino de los recursos públicos.
El empoderamiento de la base social
El núcleo de esta consulta reside en la transferencia de poder a los Consejos Comunales y Comunas. A diferencia de los presupuestos participativos convencionales, este mecanismo permite que sean los propios habitantes quienes postulen, debatan y elijan los proyectos de mayor impacto en su entorno inmediato.
Este proceso se fundamenta en los principios de:
Autogestión: La comunidad no solo elige, sino que se encarga de la ejecución y contraloría de las obras.
Inclusión: La votación es abierta a todos los ciudadanos mayores de 15 años, ampliando el espectro de participación política.
Transparencia: El escrutinio y la asignación de recursos se realizan bajo la observación de las propias organizaciones de base.
El 8 de marzo: Mujer y Poder Comunal
La elección del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para la realización de esta consulta no es un hecho fortuito. En la estructura organizativa de las comunas en Venezuela, la mujer ocupa la mayoría de los roles de liderazgo y vocería. Al vincular este proceso electoral con la efeméride, se reconoce el papel de la mujer como el motor principal de la gestión social y la resolución de problemas en el territorio.
Impacto en la gestión pública
Desde una perspectiva técnica, la consulta busca optimizar la eficiencia del gasto público. Al ser los vecinos quienes identifican las urgencias —sean estas en materia de servicios públicos, salud, educación o vialidad—, se reduce el margen de error en la inversión estatal, garantizando que el financiamiento llegue directamente a donde es necesario, sin intermediarios burocráticos.