El Sistema 1×10 del Buen Gobierno alcanzó un hito institucional al superar mas de siete millones de solicitudes de ciudadanos resueltas en todo el territorio venezolano. Este mecanismo de atención directa, implementado por el Ejecutivo nacional, centraliza los reportes de las comunidades en materia de servicios públicos, salud y educación, agilizando los tiempos de respuesta institucional mediante la articulación entre los ministerios, las gobernaciones y las alcaldías.
Priorización de los servicios públicos esenciales
El grueso de las solicitudes atendidas y resueltas de forma satisfactoria se concentra en los sectores que impactan directamente en la calidad de vida de la población. Las salas de seguimiento del sistema reportan soluciones masivas en las siguientes áreas críticas:
- Agua potable y saneamiento: Reparación de averías mayores en tuberías matrices, sustitución de colectores de aguas servidas y distribución programada a través de camiones cisterna en zonas vulnerables.
- Sistema eléctrico nacional: Instalación de transformadores de alta potencia, sustitución de luminarias públicas en avenidas principales y planes de desmalezamiento en subestaciones eléctricas.
- Telecomunicaciones: Restablecimiento de líneas de telefonía fija y conectividad a internet de banda ancha mediante el despliegue técnico de cuadrillas operativas en comunidades aisladas.
- Salud y asistencia social: Entrega directa de medicamentos para patologías crónicas, ayudas técnicas como sillas de ruedas o bastones, y asignación de insumos médicos especializados.
Despliegue técnico y la plataforma VenApp
La efectividad en la resolución de los casos se fundamenta en la plataforma tecnológica VenApp, la cual permite a los ciudadanos registrar sus denuncias en tiempo real adjuntando soportes fotográficos y datos geográficos exactos de la problemática.
El flujo de trabajo operativo se activa inmediatamente después del reporte en la aplicación, donde las salas situacionales de cada gobernación clasifican la alerta según su nivel de urgencia. Posteriormente, se coordinan las brigadas comunitarias (Bricomiles) o el personal técnico calificado de las empresas del Estado para ejecutar la obra de infraestructura o la asistencia médica requerida, cerrando el ciclo con la verificación directa por parte del usuario afectado.