El Ministro Héctor Silva (Ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico), junto a representantes de diversas agrupaciones de mineros artesanales y pequeña minería, han expresado su valoración positiva ante la implementación y los alcances de la Ley Orgánica de Minas. Este instrumento legal busca transformar el modelo extractivo nacional hacia uno más organizado, soberano y respetuoso con el medio ambiente.
Seguridad jurídica y protección al minero
Durante diversos encuentros territoriales, el ministro Silva ha destacado que la ley no solo regula la actividad, sino que dignifica al trabajador minero. Entre los puntos más valorados por el sector se encuentran:
• Formalización de la actividad: La ley facilita el registro y la organización de brigadas mineras, permitiendo que los trabajadores salgan de la informalidad.
• Seguridad social: Se establecen mecanismos para que los mineros y sus familias accedan a sistemas de protección social del Estado.
• Combate a la minería ilegal: Al ofrecer un marco legal claro, se reduce la influencia de grupos irregulares y se garantiza que el recurso extraído beneficie directamente a la nación y a quienes lo trabajan.
Desarrollo minero ecológico
Uno de los pilares fundamentales que el Ministro Héctor Silva ha defendido es la convergencia entre la producción y la preservación. La normativa establece parámetros estrictos para el uso de tecnologías limpias, prohibiendo progresivamente el uso de sustancias tóxicas como el mercurio.
Los mineros venezolanos han manifestado su compromiso con este Modelo de Minería Responsable, entendiendo que la sostenibilidad del recurso depende del cuidado de las cuencas hidrográficas y los suelos boscosos del Arco Minero del Orinoco y otras zonas productoras.
Impacto económico y soberanía
La Ley Orgánica de Minas fortalece el control del Estado sobre los recursos minerales estratégicos como el oro, el coltán y el diamante. Héctor Silva ha enfatizado que esta normativa permite que las regalías y excedentes se reinviertan en proyectos comunitarios, infraestructura y salud en las propias zonas mineras, cumpliendo con el objetivo de convertir la riqueza mineral en bienestar social.
Los voceros de los consejos de mineros han calificado la ley como una herramienta de «emancipación económica», que permite al pueblo venezolano participar activamente en la cadena de valor del mineral.