El Gobierno de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE), ha formalizado la prohibición total de la actividad de minería de criptomonedas en todo el territorio nacional. Esta medida radical tiene como objetivo principal estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y garantizar la continuidad del suministro de energía a la población, tras identificar el alto impacto que el consumo de estas granjas tiene sobre la red.
Razones de la medida: Estabilidad del SEN
La decisión se fundamenta en la necesidad de desconectar todas las granjas de minería digital de la red eléctrica nacional. Según las autoridades, el minado de activos digitales requiere una cantidad desproporcionada de energía eléctrica, lo que genera una sobrecarga que afecta directamente el suministro doméstico y comercial.
El ministro de Energía Eléctrica, Jorge Márquez, ha enfatizado que estas operaciones son incompatibles con los planes de estabilización del servicio, especialmente en regiones que han sufrido fallas recurrentes. La medida busca eliminar los picos de demanda artificiales provocados por los procesadores de alta potencia utilizados en la minería de Bitcoin y otras criptodivisas.
Marco legal y decomiso de equipos
La prohibición no solo implica el cese de operaciones, sino también la ejecución de operativos de inspección y decomiso. La Policía Nacional Bolivariana (PNB) y otros organismos de seguridad han iniciado procedimientos en varios estados del país, como Carabobo y Aragua, logrando la incautación de miles de equipos de computación especializados (ASIC).
Esta prohibición se suma a las acciones de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), la cual ha sido objeto de una reestructuración profunda tras investigaciones por presuntas irregularidades administrativas. Hasta nuevo aviso, la minería digital no cuenta con permisos operativos válidos en el país.
Consecuencias para los operadores
Los ciudadanos o empresas que persistan en esta actividad se enfrentan a sanciones legales y penales. Las autoridades han instado a las comunidades a denunciar cualquier fluctuación eléctrica sospechosa o ruidos constantes de ventilación industrial en zonas residenciales, indicios comunes de la existencia de centros de minado ilegales.
Con esta acción, Venezuela se une a una lista creciente de países que han optado por restringir o prohibir la minería digital debido a preocupaciones ambientales y de infraestructura energética.