El Tribunal Supremo de Justicia TSJ refuerza sus esfuerzos para aplicar de manera más rigurosa la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en el marco del Plan Nacional de Acción y Prevención 2024-2026. Esta iniciativa busca fortalecer los mecanismos judiciales en materia penal, con énfasis en delitos como la legitimación de capitales, el terrorismo, su financiamiento y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Durante una mesa de trabajo celebrada el 15 de septiembre de 2025, encabezada por la presidenta del TSJ, magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, se definieron las líneas de acción que regirán el cronograma de actividades para el último trimestre del año. En el encuentro también participaron la presidenta de la Sala Constitucional, magistrada Tania D’Amelio Cardiet; la presidenta de la Sala de Casación Penal, magistrada Elsa Janeth Gómez Moreno; y la inspectora general de tribunales (E), doctora Carolina Rodrigues.
Uno de los principales acuerdos fue la verificación sistemática de expedientes vinculados a delitos financieros y sus antecedentes, que se realizará en tribunales de todo el país. Esta revisión estará a cargo de la Sala de Casación Penal en articulación con la Inspectoría General de Tribunales.
El TSJ ratificó que estas acciones forman parte de las obligaciones internacionales del Estado venezolano en materia de prevención y control de delitos complejos. Además, responden a los estándares exigidos por organismos multilaterales en la evaluación de políticas judiciales y de seguridad.
La implementación del plan refuerza el compromiso institucional con la transparencia, la legalidad y la lucha contra estructuras delictivas organizadas, en un contexto regional marcado por desafíos en materia de seguridad y justicia.