El rescate de 252 venezolanos revela condiciones alarmantes en el CECOT de El Salvador
Un operativo internacional liderado por autoridades venezolanas ha logrado el rescate de 252 ciudadanos venezolanos recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado en El Salvador. El proceso ha despertado fuertes reacciones, luego de que los rescatados describieran condiciones consideradas inhumanas en el centro penitenciario, generando preocupación sobre los estándares de derechos humanos allí aplicados.
Testimonios que generan alerta
– Varios de los venezolanos relataron estar expuestos a aislamiento extremo, alimentación deficiente, y rutinas carcelarias bajo un régimen de máxima severidad.
– Algunos denunciaron haber sido detenidos sin pruebas claras, vinculados presuntamente a estructuras delictivas por el simple hecho de estar indocumentados o en situación migratoria irregular.
– Las imágenes que han circulado y los relatos emergentes contrastan fuertemente con la narrativa oficial salvadoreña, que presenta al CECOT como un modelo de seguridad carcelaria.
Repercusiones diplomáticas
El gobierno venezolano declaró que el operativo fue posible tras negociaciones bilaterales y que continuará supervisando el estado de sus ciudadanos en centros de reclusión de otros países. Asimismo, instó a organismos internacionales a investigar posibles violaciones a los derechos humanos en centros como el CECOT.
Debate internacional sobre el modelo penitenciario salvadoreño
Desde su inauguración en 2023, el CECOT ha sido objeto de controversia debido a su estricta infraestructura de seguridad, su política de confinamiento masivo y la limitada transparencia en cuanto al debido proceso judicial. Mientras el gobierno de Nayib Bukele defiende el modelo como un éxito contra las pandillas, organizaciones humanitarias han criticado la falta de supervisión, el trato a los detenidos y el riesgo de criminalización generalizada.
Un llamado a la defensa de la dignidad humana
El caso de los 252 venezolanos ha avivado el debate regional sobre la necesidad de equilibrar políticas de seguridad con garantías fundamentales. Activistas y analistas advierten que el control del crimen no puede realizarse a costa de vulnerar principios universales de justicia, debido proceso y trato digno.
