La Cámara Venezolana de la Construcción respalda reformas legales para acelerar la edificación de viviendas
El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Gustavo García, presentó una hoja de ruta con propuestas económicas y modificaciones jurídicas destinadas a agilizar la edificación de hogares tras el doble sismo del pasado 24 de junio. Durante su intervención en el Consejo Nacional de Economía, el representante gremial manifestó el respaldo total del sector a las iniciativas legislativas del Parlamento para destrabar la inversión privada y responder a la emergencia habitacional. El plan busca optimizar el financiamiento, incorporar obras inconclusas y reestructurar normativas inmobiliarias obsoletas.
Habilitación financiera y estímulos fiscales para el sector
La propuesta de la organización empresarial se enfoca en resolver las limitaciones de liquidez y los altos costos de los materiales de construcción mediante incentivos directos a la producción. El gremio planteó la necesidad de implementar mecanismos de subsidio portátiles de demanda, inspirados en modelos internacionales exitosos, además de operativizar un subsidio financiero del 80% para la adquisición de inmuebles.
Las solicitudes económicas prioritarias elevadas ante el Ejecutivo incluyen:
• Reducción temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a tasa cero para los insumos empleados en proyectos de reconstrucción.
• Aplicación de aranceles exentos de pago (cero) para la importación directa de materiales e insumos estratégicos que no se fabriquen en el país.
• Decreto de tregua fiscal temporal por parte de los municipios en las zonas mayormente afectadas por los movimientos telúricos.
• Flexibilización de la política de encaje legal estructural bancario con un enfoque específico de estímulo productivo.
Reformas legislativas para desbloquear el financiamiento
En el plano institucional, la CVC enfatizó que la reactivación a gran escala y la edificación expedita de las viviendas requeridas demandan adecuar de forma urgente tres leyes clave del sector inmobiliario. García detalló la propuesta de eliminar el artículo 23 de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda, un instrumento que actualmente restringe las facultades de la banca privada para otorgar créditos a mediano y largo plazo. Asimismo, se respaldó la revisión del marco de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria y la Ley de Arrendamiento Inmobiliario para asegurar el equilibrio de derechos entre propietarios e inquilinos.
El sector privado también aplaudió la política oficial de reactivar y culminar la totalidad de los desarrollos habitacionales de la Gran Misión Vivienda Venezuela, proponiendo una fórmula de alianza público-privada. Bajo este esquema, la Cámara sugirió la transferencia ordenada de terrenos baldíos o con obras inconclusas a empresas constructoras nacionales, previa inspección por parte de una comisión técnica que garantice la estricta seguridad estructural frente a futuros eventos sísmicos.
